viernes. 29.03.2024

El Gobierno francés estudia legalizar el oficio de asistente sexual para personas con discapacidad, una cuestión que genera gran controversia en el país ya que es considerado como prostitución por algunas asociaciones.

El presidente Emmanuel Macron ha anunciado este martes durante la Conferencia Nacional sobre la Discapacidad que "el derecho a la vida sexual" otorga "dignidad" a las personas con discapacidad.

Lo ha hecho después de que su secretaria de Estado de Discapacidad, Sophie Cluzel, anunciara el pasado domingo que consultará la opinión de las instancias pertinentes sobre la legalización de esas prácticas, como ya sucede en Alemania, Países Bajos, Bélgica o Suiza.

Cluzel se ha mostrado favorable a que "se pueda acompañar la vida íntima, afectiva y sexual" de las personas con discapacidad que no pueden mantener relaciones por sí mismas mediante la ayuda de asistentes.

El Gobierno de Francia ha dirigido esta cuestión al Comité Consultivo de Ética, un organismo que en 2012 ya se pronunció en contra al considerar que ese tipo de servicio suponía un uso "mercantil" del cuerpo humano.

El Consejo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, un organismo independiente consultivo del Gobierno, se ha mostrado también en contra al considerar que "es una suerte de legalización de la prostitución en un momento en el que Francia se compromete a combatir la explotación sexual de seres humanos".

A pesar de esto, la secretaria de Estado cree que la sociedad francesa "ha madurado" desde entonces y cuenta con una "visión nueva" del problema que supone "condenar (a las personas con discapacidad) a vivir en una abstinencia no elegida". La opinión del Gobierno es compartida por organizaciones como la Asociación para la Promoción del Acompañamiento Sexual (APPAS), que desde hace años propone cursos de formación para dar estos servicios.

Pese a que su actividad puede ser catalogada con el actual marco legal francés de "proxenetismo", unas 80 personas han seguido sus cursos desde 2014 y una veintena ejercen en la actualidad, según ha afirmado la presidenta de APPAS, Jill Prévôt-Nuss, al diario 'Le Parisien'.

Desde la asociación aseguran que hasta ahora ninguno de ellos ha sido denunciado, pero exigen que se legalice su actividad para evitar problemas legales en el futuro.

Francia estudia legalizar la asistencia sexual para personas con discapacidad