CBN. El Servicio Provincial de Consumo recibió durante el primer semestre del presente año más de 700 reclamaciones, la mayoría de ellas ligadas al sector de los servicios. Por otro lado, también ha tramitado 133 expedientes sancionadores que han dado lugar a la imposición de sanciones por valor de más de 371.159 euros.
Estos datos han sido dados a conocer en la reunión del Consejo Provincial de Consumo presidido por la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, en el que se integran las organizaciones de consumidores FACUA y Asociación AUGUSTA, la Confederación de Empresarios de Córdoba y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En el apartado de la actividad inspectora, la Delegada Territorial ha explicado que "las actuaciones desarrolladas por la Junta en el ámbito del control e inspección del mercado tienen como objetivo comprobar el correcto cumplimiento de la normativa en materia de consumo por parte de las empresas que operan en nuestra provincia, para garantizar que los bienes y servicios puestos a disposición del público se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad".
En esta línea se ha ejecutado en el primer semestre 13 campañas de control y se levantaron un total de 1.289 actas de inspección tras la visita a más de 900 establecimientos.
Por otra parte, se han destinado 63.473 euros a tres asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía que destinarán dicho crédito a la financiación de actividades de formación, educación y divulgación, dirigidas a las personas consumidoras y usuarias, consistentes en cursos, jornadas, seminarios, conferencias, exposiciones, talleres y actividades similares en materia de consumo, así como al mantenimiento de los servicios de asesoramiento o consultas, mediación y gestión de reclamaciones y denuncias en materia de consumo.
De igual modo, la Consejería Salud y Familias ha concedido 74.754 euros a 14 entidades locales cordobesas, incentivando el ejercicio de competencias en materia de consumo, apostando por la consolidación y ampliación de estos servicios e impulsando su accesibilidad para la ciudadanía en todo el territorio andaluz.
Por último, el Consejo Provincial informó, entre otros asuntos, de la entrada en vigor del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y de las actuaciones llevadas a cabo con las Oficinas Municipales al Consumidor informando el nuevo régimen jurídico y los aspectos prácticos de su tramitación.
