CBN. Durante la mañana y la tarde de hoy la Oficina itinerante del Defensor del Pueblo Andaluz ha parado en Baena para atender a todos los ciudadanos que lo han requerido de la comarca del Guadajoz-Campiña Este. La delegada de Servicios Sociales, Lidia Pozo, que ha mantenido un encuentro con ellos, señalaba que “van a prestar un servicio a los ciudadanos que pueden contarle sus problemas y ellos hacer lo posible para solucionarlo”. Pozo comentaba que “han venido desde Sevilla y nosotros vamos a colaborar con ellos”.
Además de escuchar a los vecinos, los representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que se han acercado a Baena han mantenido diferentes reuniones con los trabajadores de servicios sociales y las asociaciones de toda la comarca. José Colsa, miembro de esta oficina, señalaba que “queremos conocer el trabajo de las asociaciones y ofrecerles la posibilidad de poder acudir al Defensor del Pueblo, que es un servicio gratuito y es otro mecanismo que tiene la ciudadanía en lugar de tener que ir a los juzgados”.
Colsa explicaba que “la institución del Defensor del Pueblo es un instrumento que se le ofrece a los ciudadanos cuando tienen problemas con las Administración Pública para poder intentar llegar a un acuerdo para solucionar ese problema”.
Desde la puesta en marcha de este servicio, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado 20 salidas y como resultado Colsa indicaba que “en lugares donde prácticamente no se nos presentaban quejas, en un día hemos recogido más quejas en toda la historia del Defensor del Pueblo” explicando así la necesidad de este servicio.
Durante 2018 el Defensor del Pueblo Andaluz recibía 7.500 quejas de las que se admitieron a trámite, según apuntaba José Colsa, 3.800. De estas, explicaba, “en 2.500 vimos que había alguna irregularidad con la Administración y en el 97 por ciento de los casos que nos dirigimos a la Administración esta nos dio la razón”.
Colsa daba a conocer que la situación en Andalucía respecto a la relación de los ciudadanos con la Administración es “bastante complicada”. Relataba que “la renta mínima que tendría que tramitarse en tres meses está tardando en algunas provincia entre 15 y 18 meses, los títulos de familia numerosa que tenía que tramitarse en tres meses tardan un año, la pensiones no contributivas, de personas que no tienen absolutamente nada, deberían tramitarse en el plazo de tres meses y se está tardando un año o 18 meses así que todo esto genera una insatisfacción por parte de los ciudadanos”. Todo esto, añadía Colsa, supone que “existen unos derechos que están siendo vulnerados y las administraciones tienen que poner todos los medios a su alcance para modificarlo”.
Entre las problemáticas más comunes que los ciudadanos hacen llegar al Defensor del Pueblo Andaluz destacan la falta de empleo, de vivienda, el retraso en las ayudas sociales, la dependencia, la renta mínima, problemas con el alquiler, el mal funcionamiento administrativo en el reconocimiento de discapacidad o pensiones no contributivas.
