CBN. Unidas Podemos propone una reforma fiscal donde pague más quien más tiene para aplicar el art. 31 de la Constitución. En este sentido, las candidatas de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, Martina Velarde y Carmen María Ruiz, han manifestado que el fraude ha sido calculado en torno a los 80.000 millones de euros anuales por los Técnicos de Hacienda que además han apoyado la propuesta económica de Unidas Podemos.
En este sentido, Velarde ha indicado que “se necesita una reforma fiscal justa y equitativa, que haga pagar más a quién más tiene y más gana, y que sea útil y suficiente para las necesidades del país y de su ciudadanía”.
Martina Velarde ha señalado que “desde Unidas Podemos es urgente abordar la reforma fiscal como reformar el Impuesto de Sociedades. Nuevo tipo impositivo del 35% para las bases imponibles superiores a 1.000.000 euros y un nuevo impuesto sobre la riqueza. Sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio con tipos efectivos superiores para mejorar la
progresividad, incorporando fórmulas para limitar la creación de
sociedades patrimoniales”.
Además, Velarde ha añadido “la reforma del IBI para las viviendas vacías y las que son propiedad de las instituciones religiosas. En el primer caso para lograr un instrumento eficaz para poner en el mercado de alquiler viviendas no ocupadas y en el segundo para terminar con privilegios injustos y una reforma del IVA donde se reduzcan al 4% el impuesto para Industrias realmente culturales, compresas, otros productos alimenticios no transformados y ciertos medicamentos”.
Por su parte Carmen María Ruiz ha señalado que “cuando abordamos el debate de fiscalidad e impuestos siempre nos hacemos la misma pregunta que es si pagamos más o menos impuestos, pero no nos hacemos la pregunta clave. ¿Quién paga Impuestos? Y es por donde deberíamos empezar”.
En este sentido, Carmen María Ruiz se ha referido al artículo 31 de la Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Pues eso es lo que hay que hacer, aplicar el artículo 31 de la Constitución, que algunos solo hablan de 155, y el 31 está antes. La Constitución dice que paga más quién más tiene y eso en España no ocurre. En España quién más tiene paga menos y evade impuestos a paraísos fiscales”.
Por ello, Ruiz ha manifestado que se trata de un debate pedagógico, cultural y de pensar que modelo de sociedad queremos. “Si de verdad queremos una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad, servicios sociales, ayudas a la dependencia, hay que pagar impuestos. Si no se pagan, nos vamos al modelo privatizador. Los impuestos sirven para invertir en el modelo público, en los servicios públicos. Se nos llena la boca con el Estado del Bienestar y los países con mejor Estado del Bienestar que son los países nórdicos son los que pagan más impuestos precisamente para invertir en sus servicios públicos. Los ciudadanos tienen una cultura asimilada en la cual tienen asumido que pagan unos impuestos altos porque luego le va a repercutir en unos servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en Suecia hace unos años, el Estado se planteó bajar el impuesto sobre la renta, lo que aquí conocemos como IRPF, y los ciudadanos se cuestionaron que si pagaban menos podrían tener peores prestaciones en sanidad o educación. Son muchos años de educación y pedagogía”.
Además, Ruiz ha añadido que “a la vez que hablamos de impuestos, hablamos de subir los salarios con empleos de calidad, estables y dignos. Los países con mayor estado del bienestar son donde hay más igualdad social, porque hay una fortaleza del sector público y Estado invierte en la ciudadanía mejorando sus servicios”. Por ello, Ruiz ha concluido que “cuando hablamos de impuestos no es hablar de contabilidad y fiscalidad, hablamos de ideología y que modelo de sociedad queremos. Si un estado fuerte, que controle la economía e invierta en servicios públicos o un modelo privatizador, dónde las empresas privadas, las multinacionales controlen los servicios básicos y fundamentales de la ciudadanía como la sanidad, pensiones o educación”.
